Tito Dagorret
La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2, liderada por el Dr. Nicolás Torres, ha solicitado formalmente la elevación a juicio de cuatro personas implicadas en una red sistemática de sustracción de bienes del Depósito Judicial de la Unidad Regional Departamental Tercero Arriba.
La investigación expone una trama de corrupción que involucra a quienes debían cuidar los bienes y a particulares que sacaban rédito económico de ellos.
El hilo de la madeja comenzó a desenredarse de la manera más impensada el pasado 1° de julio de 2025. Durante un operativo de la Policía Ambiental en una vivienda particular, los agentes se toparon con una sorpresa: un carretón tipo tráiler de uso policial.
Lo insólito del hallazgo no fue solo su ubicación, sino su estado administrativo: se suponía que ese carretón ya había sido compactado. Este "tráiler fantasma" fue la prueba irrefutable de que algo grave sucedía en el depósito ubicado en Barrio Monte Grande.
La acusación del fiscal Torres es contundente. El esquema funcionaba bajo la connivencia de dos funcionarios policiales (hoy detenidos), quienes se desempeñaban como jefe y guardia del depósito. Según la causa, estos efectivos:
Permitieron y ejecutaron la extracción de piezas de vehículos bajo custodia judicial, específicamente de una Renault Kangoo, una Toyota Hilux y un Peugeot 5008.
Entregaron ilegalmente el carretón policial a terceros.
Los otros dos imputados son civiles vinculados a un taller mecánico local. Ellos eran los receptores de la mercadería, la cual integraban al mercado ilegal mediante la venta directa o su uso en reparaciones particulares, transformando bienes judiciales en dinero en efectivo.
Para blindar la acusación, la Fiscalía desplegó durante ocho meses un arsenal de medidas probatorias que incluyen:
Pericias Técnicas: Verificaciones mecánicas que confirmaron que las piezas halladas en el taller pertenecían exactamente a los autos custodiados.
Tecnología: Análisis de mensajes en teléfonos celulares secuestrados y revisión de cámaras de seguridad.
Documentación: El cotejo de los registros oficiales del depósito reveló inconsistencias insalvables entre lo que "debía estar" y lo que realmente había.
Dato Extra: En uno de los procedimientos se incautó además un arma de guerra de uso civil condicional, agravando la situación procesal de uno de los involucrados por no poseer autorización legal.
El complejo entramado delictivo ha sido encuadrado bajo una serie de figuras penales que, en concurso real, podrían acarrear penas severas:
Peculado y Malversación de bienes.
Violación de medios de prueba.
Encubrimiento agravado por ánimo de lucro.
Tenencia ilegal de arma de guerra.
Actualmente, la causa se encuentra en etapa de impugnación ante el Juzgado de Control, paso previo para que los cuatro acusados se sienten finalmente en el banquillo de los acusados.
El caso no solo pone bajo la lupa el control de los depósitos judiciales, sino que vuelve a sacudir la confianza en las instituciones de seguridad locales.
