Tito Dagorret
La asfixia local tiene múltiples causas. Por un lado, la caída libre de los ingresos. El derrumbe sostenido de la coparticipación federal —que ya había encendido alarmas en 2025 y se profundizó drásticamente en este 2026— golpea de lleno la línea de flotación de pueblos que son netamente "copadependientes", como Colonia Almada, donde el margen de maniobra con recursos propios es prácticamente nulo.
Al mismo tiempo, la recaudación de la tradicional tasa a la propiedad (el histórico ABL de alumbrado, barrido y limpieza) exhibe niveles de cobrabilidad mínimos.
Se trata de una discusión que dirigentes como Marcos Ferrer, que sostiene que por décadas: que lo que se recauda por ABL hace décadas no alcanza ni para cubrir los costos operativos de prestar esos mismos servicios básicos.
El caso de la Municipalidad de Río Tercero resulta elocuente: hasta hace apenas un año contaba con una plantilla total de 650 recursos humanos —compuesta por 500 empleados de planta permanente y 150 becados—, mientras que hoy funciona con 460 agentes de planta y 110 becados.
Una reducción de casi un centenar de personas que grafica el esfuerzo de ajuste interno, pero que al mismo tiempo achica al límite la capacidad operativa del Estado municipal.
En paralelo, se consolidó un fenómeno perverso: el traspaso encubierto de responsabilidades sin presupuesto. Con el paso de los años, el municipio pasó de limitarse al ABL a convertirse en el sostén primario de la vida social de su comunidad.
En todos los Municipios en las salas municipales se atiende a vecinos sin cobertura, a familias vulnerables e incluso a afiliados del PAMI que quedan desamparados en sus localidades, forzando a los intendentes a desembolsar millones de pesos para suplir las obligaciones que la Nación desatiende.
La decisión del Gobierno central de recortar y prácticamente desmantelar el programa Remediar —la provisión histórica de medicamentos esenciales para la salud pública— terminó de dinamitar el esquema: la gente no deja de enfermarse porque haya ajuste, y ahora cada caja de antibióticos o tratamiento crónico debe salir del castigado bolsillo municipal o pasar a engrosar la lista de faltantes.
A esto se suman las crecientes exigencias en educación no formal, programas pedagógicos, cuidado de adultos mayores y la inversión en seguridad urbana para patrullaje preventivo.
Esta saturación extrema de las cuentas sanitarias está empujando a tomar medidas inéditas. En Río Tercero, por ejemplo, ya se analiza seriamente la implementación de un bono contribución para la atención en los centros de Atención Primaria de la Salud (APS) en situaciones excepcionales, así como el cobro por el uso del servicio de ambulancia.
Desde el propio Palacio Municipal sostienen que ya existe un proyecto legal en elaboración para instrumentar esta medida, un síntoma inequívoco del punto límite al que llegó la gratuidad absoluta del sistema ante la falta total de respaldo financiero exterior.
En medio de este estrangulamiento, hay una realidad ineludible que los propios mandatarios reconocen por lo bajo: el rol de contención del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
A través de fondos de asistencia, adelantos de coparticipación y programas extraordinarios, el Centro Cívico viene lanzando salvavidas financieros a los más de 427 municipios y comunas del territorio cordobés. Si no fuera por este auxilio provincial constante, una gran parte de las administraciones locales ya estaría directamente quebrada, en un rojo financiero al rojo vivo.
Sin embargo, los salvavidas evitan el ahogo inmediato, pero no enseñan a nadar en un mar embravecido. La provincia amortigua el golpe, pero no tiene una billetera infinita para compensar indefinidamente el retiro deliberado del Estado nacional.
El modelo actual configuró un cuello de botella insostenible. La primera ventanilla a la que golpea el vecino cuando no hay medicamentos, cuando no alcanza para la comida o cuando arrecia la inseguridad no es la de Balcarce 50 ni la del Centro Cívico: es la del intendente.
Con la recaudación propia deprimida, la coparticipación en mínimos históricos, los planteles de personal ya reducidos al límite, cobros extraordinarios en análisis para no cerrar servicios de salud y la pata nacional apretando el cuello de las cuentas locales, el margen se agotó.
Si no se frena esta sangría de recursos antes de que termine el año, la crisis de los municipios dejará de ser una planilla contable en déficit para convertirse en un parate total de los servicios más básicos en el corazón de Córdoba.
