La FACA alerta sobre la crisis judicial en Córdoba y exige soluciones inmediatas

El pronunciamiento fue emitido por la Junta de Gobierno de la entidad el pasado 19 de junio de 2026. En el texto, los representantes de la abogacía nacional expresan su "profunda preocupación por el impacto letal que la paralización de los tribunales genera en la vida cotidiana de las comunidades y en el ejercicio libre de la abogacía".

Un reclamo por la normalización del servicio

La entidad subraya que la prestación regular, continua y eficiente del servicio de justicia es una obligación esencial del Estado provincial y una garantía fundamental para la vigencia de los derechos ciudadanos.

Según lo expuesto en un comunicado  reflejando la reiteración de medidas de fuerza, que han provocado la suspensión de audiencias, interrupciones de términos procesales y severas restricciones en la atención, erosiona de manera inmediata el derecho humano de acceso a la jurisdicción.

Ante esta situación, la FACA ha exhortado a los poderes públicos de la provincia de Córdoba a convocar e instrumentar, de manera inmediata, instancias eficaces de diálogo institucional y negociación que pongan fin al conflicto actual y permitan restablecer la plena prestación del servicio.

Problemáticas adicionales: SAC y falta de nombramientos

Más allá del conflicto salarial, la crisis en Córdoba presenta aristas técnicas y estructurales críticas. Representantes de la abogacía cordobesa trasladaron estas inquietudes a la Junta, visibilizando una agenda de reclamos que incluye:

• Falta de nombramientos: La demora en la designación de magistrados que afecta la operatividad de los juzgados.

• Inconvenientes técnicos: Fallas persistentes en el Sistema de Administración de Causas (SAC).

• Medidas de fuerza: Las demoras acumuladas que han generado un cuello de botella en los tribunales.

La Federación, que cuenta con la representación de numerosos colegios de abogados de todo el país, reafirmó su solidaridad institucional con las acciones promovidas por los colegios locales, como el de Río Cuarto y el de Río Tercero, insistiendo en que la defensa del servicio de justicia es una responsabilidad compartida e ineludible para la vigencia del Estado de Derecho.