Adriana Carballo
La iniciativa, redactada en conjunto con el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del BCRA, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, será enviada al Congreso de la Nación durante el mes de agosto.
El objetivo central de la reforma es devolverle a la autoridad monetaria su mandato único: preservar el valor de la moneda. De esta forma, el Gobierno busca derogar el esquema introducido en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner y Mercedes Marcó del Pont, el cual había subordinado la estabilidad monetaria a metas de empleo y desarrollo económico.
El foco del proyecto: Blindar el equilibrio fiscal, prohibir la emisión para financiar al Estado y fortalecer la gobernanza institucional del organismo para aislarlo de la presión política.
Entre los puntos más destacados que detallará el mandatario se encuentran:
Fin al financiamiento fiscal: Se limitará o prohibirá de forma estricta el financiamiento directo e indirecto del BCRA al Tesoro Nacional, restringiendo el uso de adelantos transitorios, utilidades contables y la emisión de Letras Intransferibles.
Aislamiento institucional: Se endurecerán los criterios de gobernanza para garantizar la independencia real de la autoridad monetaria frente a los recambios políticos de gobierno.
Separación de funciones: El organismo delimitará de manera estricta sus tres roles esenciales: preservar el valor de la moneda, velar por la estabilidad financiera y actuar como regulador del sistema bancario, evitando que estas funciones se crucen con las necesidades del déficit fiscal.
Régimen de sanciones: El texto incluirá un marco de responsabilidad legal y penalizaciones para aquellos funcionarios públicos que autoricen el uso del Banco Central como caja de financiamiento del déficit.
La iniciativa no solo responde a la plataforma ideológica del oficialismo, sino que también se alinea con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El organismo multilateral había señalado en sus últimas revisiones la necesidad de implementar reformas legales estructurales para consolidar la independencia del BCRA una vez lograda la estabilización macroeconómica.
Con este anuncio, la Casa Rosada busca enviar un mensaje contundente a los mercados e inversores, estableciendo un cerrojo institucional contra la inflación y la emisión discrecional a largo plazo.
