El abogado de la víctima detalla los avances de la investigación y advierte sobre el modus operandi del acusado
Claves del caso y la investigación
Prisión preventiva firme: La fiscalía consideró que existen elementos de prueba contundentes para sostener la medida de coerción personal, entendiendo que el imputado podría entorpecer la investigación o eludir la acción de la justicia.
Imputación y penas: El acusado enfrenta cargos cuya pena prevista oscila entre los 10 y 15 años de prisión, por lo que la calificación actual no es excarcelable.
El valor de la denuncia temprana: Rodríguez destacó y reconoció el rápido accionar de la madre de la víctima al formalizar la denuncia en la unidad judicial, lo cual permitió resguardar pruebas fundamentales y frenar un patrón de conducta perverso.
Posibles nuevas víctimas: El abogado querellante aseguró estar convencido, tras mantener contacto con otras familias, de que existen más víctimas del mismo sujeto y que el levantamiento del velo de impunidad permitirá que salgan a la luz nuevos casos.
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Cuestionamientos sobre la tipificación legal y el concurso real
Desde la querella, se discuten algunos aspectos del encuadre presentado por la fiscalía. Si bien respaldan la decisión de mantener la prisión preventiva, sostienen discrepancias técnicas en cuanto a la calificación legal:
"Para nosotros no existe concurso ideal, sino concurso real, porque se trata de dos hechos que acontecen en dos días distintos, con dos lógicas diferentes, e incluso falta en la acusación la producción de material de abuso sexual infantil", señaló Rodríguez durante la entrevista.
Asimismo, la querella argumenta que deberían incorporarse otras figuras delictivas derivadas de la dinámica de los hechos, tales como el grooming —por el uso de redes sociales y perfiles falsos para la captación de menores— y el tratamiento de los hechos como reiterados y no continuados.
Un caudal probatorio "sobrado" y contundente
El letrado resaltó el trabajo conjunto entre la fiscalía, la ayudantía fiscal y las fuerzas policiales en los allanamientos y recopilación de pruebas, las cuales incluyen:
Cámaras de seguridad públicas y privadas que documentan los recorridos del imputado interceptando al menor en las inmediaciones de un colegio y plazas.
El relato detallado y verosímil de la víctima, que aportó datos precisos sobre las características y medidas de seguridad del domicilio del acusado.
Elementos tecnológicos y secuestros de dispositivos donde se constatan las comunicaciones a través de redes sociales (Instagram y WhatsApp), así como registros fotográficos vinculados a la causa.
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El rol de la sociedad y la protección de los menores
Durante la charla, se hizo hincapié en la necesidad de romper el silencio y los tabúes sociales frente a esta clase de delitos. Rodríguez enfatizó que es fundamental erradicar los mitos de culpabilización hacia los menores o las familias, recordando que la responsabilidad recae de manera absoluta sobre el adulto agresor.
Finalmente, el abogado reiteró un mensaje a la comunidad sobre la importancia de mantener canales de diálogo abiertos con los niños, revisar los controles parentales en dispositivos móviles y acudir de inmediato a las comisarías, unidades judiciales o fiscalías ante cualquier sospecha o vulneración de derechos.
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