Tito Dagorret
La madrugada del 20 de marzo de 2024 quedó grabada a fuego en la memoria de los habitantes del Barrio Química, en San Nicolás.
El estallido de un reactor en la planta de Atanor, propiedad del grupo estadounidense Albaugh, no solo hirió de gravedad a un operario, sino que liberó una densa nube de cianurilo y atrazina que provocó ardor en ojos y gargantas de cientos de familias.
Hoy, a más de dos años del incidente, el escándalo lejos de disiparse, crece. Pese a que la empresa intentó minimizar el hecho calificándolo de "controlado", las pruebas recolectadas por organizaciones ambientales y la justicia pintan un panorama mucho más sombrío: un legado de residuos tóxicos que se resiste a desaparecer.
Atanor es el principal productor de herbicidas en Argentina, fabricando químicos clave para el modelo sojero como el glifosato, la atrazina y el 2,4-D. Aunque en su Reporte de Sustentabilidad 2024 la firma asegura priorizar la salud de las comunidades, los hechos contradicen el papel.
"Desde las primeras horas documentamos la presencia de químicos en el aire. Las causas del estallido aún no se aclaran y nadie asumió la responsabilidad por la salud de los vecinos", afirma Diego Salas, director de programas de Greenpeace Argentina.
El punto de quiebre no fue la explosión de 2024, sino una inspección de la Autoridad del Agua (ADA) en julio de 2025. Los inspectores descubrieron una bomba sumergida que evacuaba efluentes contaminantes directamente al suelo, a escasos metros de la barranca del río Paraná.
Ante la evidencia de una posible contaminación hídrica inminente, las operaciones en San Nicolás cesaron. La empresa argumentó razones de "competitividad y eficiencia" para trasladar su producción a Pilar y Río Tercero, eludiendo mencionar el desastre ambiental en sus comunicados oficiales.
El cierre de la fábrica no significó el fin del peligro. Estudios realizados en octubre de 2024 y reafirmados recientemente detectaron plaguicidas altamente tóxicos y prohibidos hace décadas en el Arroyo Yaguarón, brazo del Paraná.
Los puntos críticos del conflicto:
Acuífero Puelche en riesgo: La filtración de agroquímicos amenaza las reservas de agua dulce que abastecen a la población.
Antecedentes sistemáticos: Clausuras en 2016, ampliaciones irregulares en 2019 y una sentencia judicial en 2023 por daños severos a la salud.
Residuos persistentes: Según Fabián Maggi, representante legal de los vecinos, los tóxicos vertidos durante años siguen presentes en el ecosistema pese al cese de actividades.
Mientras Atanor reorganiza su producción en otras provincias, los vecinos de San Nicolás continúan lidiando con las secuelas. La falta de un dictamen judicial definitivo sobre los responsables de la explosión y la persistencia de químicos en el agua potable mantienen a la comunidad en alerta máxima.
El caso Atanor se ha convertido en el símbolo de una tensión no resuelta en Argentina: la convivencia entre la rentabilidad de la industria química agrícola y el derecho constitucional a un ambiente sano.
