Tito Dagorret
El abogado querellante, Franco Garbarino, expuso en una reciente entrevista periodística los ejes centrales de un conflicto que afecta a la gran mayoría de los adquirentes y desnuda un esquema de insolvencia patrimonial y presunto desvío de fondos.
El proyecto comercializado desde los años 2017 a 2019 (con nuevas ventas registradas incluso en 2023 y 2024) prometía la ejecución de la infraestructura completa necesaria para su habilitación definitiva y escrituración: tendido eléctrico, alumbrado público, red de agua, red cloacal, cordón cuneta y amojonamiento.
Sin embargo, la realidad que documenta la causa judicial es lapidaria: únicamente se ha ejecutado un treinta por ciento (30%) de la infraestructura comprometida.
En la práctica, solo existe una red de agua parcial y un escaso quince por ciento (15%) del tendido eléctrico. Las obras de cloacas, cordón cuneta y alumbrado público brillan por su ausencia, y las tareas se encuentran completamente paralizadas desde hace más de tres años.
“Pese a la absoluta paralización de las obras y a carecer de capacidad financiera real para terminarlas, el desarrollista continúa ofreciendo y comercializando nuevos lotes dentro del mismo emprendimiento, captando fondos de nuevos compradores”, advierte el escrito presentado en la fiscalía.
Uno de los puntos más graves ventilados en la investigación es la desproporción entre los ingresos percibidos por la desarrollista y el estado real del predio.
Garbarino recordó que, según declaraciones públicas realizadas por el propio Coronda en el mes de mayo en una radio local, expresaba que entre el ochenta y el noventa por ciento (80%-90%) de los lotes ya han sido vendidos.
No obstante, informes técnicos emitidos por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero revelan que únicamente las obras faltantes de electricidad y cloacas demandan una inversión superior a los quinientos millones de pesos ($500.000.000), una cifra sideral que no contempla el cordón cuneta ni el resto de los servicios básicos pendientes.
Frente a semejante pasivo, el análisis patrimonial de la desarrollista arroja números rojos: Coronda carece de bienes suficientes para responder, registrando un importante stock de cheques rechazados y un claro estado de cesación de pagos.
La magnitud de las ventas realizadas (casi la totalidad del loteo) contrastada con el magro 30% de avance físico encendió todas las alarmas en el estudio jurídico de Franco Garbarino.
Para el abogado patrocinante de los vecinos afectados, existen fuertes indicios probatorios de que importantes sumas de dinero aportadas por los adquirentes fueron desviadas hacia fines ajenos al loteo, señalando puntualmente la construcción de una vivienda de lujo ubicada en un country de la ciudad de Córdoba, inmueble que deliberadamente no habría sido inscripto a nombre del desarrollador para evitar embargos.
"Para los denunciantes, no estamos ante un incumplimiento contractual ordinario, sino ante el despliegue de un plan defraudatorio sistemático", dice Garbarino.
Ante la inercia total de la empresa —especialmente en lo referente a la primera etapa de electrificación que figuraba paga desde el año 2024— los vecinos decidieron no seguir esperando.
Tal como explicó el Dr. Garbarino, ante la incapacidad de la desarrollista para coordinar los pilares de luz con la cooperativa eléctrica, el grupo de propietarios se organizó de manera comunitaria, contactándose propietario por propietario y logrando finalizar por cuenta propia las tareas de electrificación en el lapso de un mes, dejando en evidencia la absoluta falta de gestión de la empresa.
Impulsados por la vía formal, siete vecinos afectados han formalizado la denuncia penal contra Cristian Marcelo Coronda Stefanovich. La causa tramita actualmente ante la Fiscalía de Segundo Turno, donde se han aportado contratos de compraventa, cesiones, constataciones notariales, informes bancarios y comerciales para determinar las responsabilidades penales bajo las figuras de:
Estafa (Art. 172 del Código Penal).
Administración Fraudulenta (Art. 173 inc. 7 del Código Penal).
Insolvencia fraudulenta y ocultamiento de bienes.
La causa avanza con medidas probatorias clave destinadas a esclarecer el destino de los fondos y frenar la captación de nuevos damnificados en un loteo que hoy se encuentra al borde de la inviabilidad financiera.
