Tito Dagorret
El mal ejemplo parte desde la máxima autoridad: el presidente del cuerpo, Dr. Alberto Martino, solicitó licencia formal desde el 16 de septiembre hasta el 3 de octubre. Medio mes de ausencia en pleno período ordinario de sesiones que expone la naturalización de privilegios en un cuerpo donde casi todos los ediles recurren a descansos adicionales a lo largo del año, a pesar de contar por reglamento con todo el mes de enero —más de 30 días corridos— para el receso estival.
Pero las licencias a destiempo son solo la punta del iceberg. El costo del Concejo Deliberante no se agota en las dietas que superan holgadamente los 3,5 millones de pesos mensuales por cada uno de los concejales, sino en una evidente superpoblación de recursos humanos que engrosa el gasto público sin un correlato visible en proyectos o soluciones para la ciudad.
Un caso testigo que genera profunda indignación es el de la concejal Nadia Atensia, quien cuenta de manera exclusiva con una asesora que percibe un haber de 1,5 millones de pesos mensuales. ¿Qué justifica semejante estructura y erogación para bancas cuya producción legislativa resulta sumamente pobre, burocrática y desconectada de las urgencias reales de los barrios?
La contradicción se torna inadmisible y la pregunta se impone por su propio peso: ¿corresponde?
¿Es ético financiar con los impuestos de los riotercerenses un esquema de asesores millonarios y bancas con semanas extras de descanso fuera del receso formal? ¿No es urgente legislar para fijar un régimen de horario estricto, controlar la asistencia y limitar de manera indelegable las vacaciones al período de verano?
El problema excede a los nombres propios y apunta directo a la estructura de poder. Desde El Ojo Web ponemos a debate los interrogantes de fondo:
¿Sirve este Concejo Deliberante en su funcionamiento actual? ¿Cumple un rol transformador o se convirtió en un costoso refugio de cargos y asesores?
¿Es hora de reformar la Carta Orgánica Municipal? ¿Tiene sentido que Río Tercero sostenga 11 concejales con sus respectivos equipos, o debería reducirse drásticamente el número de bancas para volver al cuerpo más austero y eficiente?
¿Deberían los ediles trabajar ad honorem o percibir dietas verdaderamente simbólicas, atadas al presentismo y a la productividad comprobable?
La función pública no puede seguir siendo sinónimo de comodidad y privilegios blindados. Cuando el presidente se toma medio mes de vacaciones, los concejales se ausentan a discreción y se reparten asesorías millonarias, lo que se resiente no es solo el quórum de las sesiones: es la confianza y la paciencia de una comunidad cansada de pagar una fiesta a la que nunca fue invitada.
