Primero Ferrer, ahora Yamil Mengo denuncia a difamadores por redes sociales

JUDICIALES / El director del Centro Cívico de Río Tercero formalizó una denuncia penal contra usuarios que difunden material falso e intimidatorio. La causa, que avanza bajo la instrucción del fiscal Nicolás Torres, advierte sobre penas que podrían incluir prisión efectiva.
JUDICIALES07 de junio de 2026Tito DagorretTito Dagorret

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La escalada de conflictos judiciales por el uso de redes sociales en Río Tercero sumó un nuevo episodio. Tras los precedentes recientes en la ciudad, el abogado y director del Centro Cívico, Yamil Mengo, decidió pasar a la acción y presentó una denuncia penal contra quienes han difundido información apócrifa e injuriante en su contra.

La investigación ya está en manos del Fiscal de Instrucción Nicolás Torres, quien avanza en las tareas de individualización de los autores. Según se pudo conocer, la presentación no se limita a un descargo administrativo, sino que busca activar las consecuencias penales que el Código establece para este tipo de comportamientos.

Alcance de la denuncia

En diálogo con este portal, Mengo fue contundente al enumerar los delitos que podrían configurarse ante la publicación de fake news y contenido malicioso:

"La difusión de material falso e intimidatorio en redes sociales puede configurar delitos como Intimidación Pública (pena de 2 a 6 años de prisión), Amenazas, o Violencia Digital, además de Calumnias e Injurias", explicó el funcionario.

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Yamil Mengo, es un político de muchos años  en la ciudad de Río Tercero 

Además, el abogado remarcó que el proceso no se detendrá en la órbita penal, ya que el daño a la imagen personal y profesional habilita la apertura de juicios civiles por daños y perjuicios, lo que podría derivar en resarcimientos económicos significativos para los responsables.

Un mensaje para el debate público

Con esta causa, el sistema judicial de Río Tercero se posiciona nuevamente ante el desafío de regular las conductas en el espacio virtual.

La intervención del fiscal Torres y la postura firme de los funcionarios denunciantes buscan establecer una frontera clara: la libertad de expresión no ampara la difamación ni la generación deliberada de contenido falso.

Mientras la justicia continúa con las medidas probatorias, este caso se convierte en un recordatorio para los usuarios de redes sociales: el anonimato digital ha dejado de ser un refugio frente a la ley.

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