Tito Dagorret
El pasado jueves 18 de junio, en la Sala de Labor Parlamentario de la Legislatura de Córdoba, la legisladora presentó el borrador de un proyecto de ley que busca implementar un régimen obligatorio de identificación y etiquetado para contenidos generados, modificados o sintetizados mediante IA.
La propuesta busca que el usuario final tenga la certeza de cuándo está interactuando con un contenido humano y cuándo con uno producido artificialmente.
La presentación no fue un acto aislado, sino el cierre de una instancia de construcción colectiva. Basualdo convocó a representantes de 17 instituciones, incluyendo a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y colectivos periodísticos.
El encuentro contó con una base técnica sólida proporcionada por el ingeniero Germán Lamberti, quien analizó los riesgos y oportunidades que plantean estas tecnologías para la democracia y la economía digital.
"Dimos un primer paso organizando mesas de trabajo interdisciplinarias", señaló la diputada. La diversidad de los actores presentes —desde el CISPREN hasta la Red Federal de Periodistas Feministas— refleja la transversalidad del problema, que abarca desde la propiedad intelectual hasta la violencia de género digital.
El proyecto de ley se estructura sobre ejes fundamentales que buscan poner límites claros a un fenómeno sin precedentes:
Transparencia informativa: Obligatoriedad de etiquetar contenidos intervenidos para que las audiencias estén advertidas.
Protección de la identidad: Salvaguarda de la imagen y la semblanza digital personal frente a usos malintencionados.
Integridad democrática: Especial énfasis en el control de la desinformación durante los procesos electorales, donde los deepfakes representan una amenaza a la institucionalidad.
Derechos laborales: Protección a los trabajadores culturales frente al desplazamiento por automatización.
Para Basualdo, el objetivo final es político y social: evitar que la tecnología perpetúe desigualdades. Durante su discurso, la legisladora fue enfática al sostener que el Estado no puede ser un espectador pasivo ante una herramienta que transforma la estructura social.
"Nuestra responsabilidad es que la IA esté orientada al bien común, al servicio del humano y a la construcción de sociedades más justas. Son necesarias las reglas claras y la supervisión humana", subrayó la diputada nacional.
La iniciativa, que promete ser uno de los proyectos más discutidos en la Cámara de Diputados en los próximos meses, iniciará ahora una segunda fase de consultas con diversos actores del sector público y privado. Con este paso, Córdoba se posiciona a la vanguardia de un debate que es, por naturaleza, global: el derecho a la verdad en la era de los algoritmos.
