Tito Dagorret
"Hay justicia de primera y justicia de segunda en la provincia". Con esta frase, las autoridades del Colegio de Abogados de Río Tercero definieron la actual crisis judicial durante una conferencia de prensa, donde advirtieron que la falta de recursos ha dejado al sistema colapsado y a los ciudadanos sin respuestas básicas.
El impacto en la vida diaria El Dr. Tejerina fue contundente sobre cómo esta parálisis golpea al ciudadano: "Hay cuestiones del diario, como pedir una cuota alimentaria, sacar un embargo o trabar una medida para que los chicos puedan comer, que están paralizadas".
Esta situación, lejos de ser un mero conflicto administrativo, se traduce en una vulneración de derechos básicos debido a la incapacidad operativa de los tribunales.
¿Un problema exclusivo de la 10ma. circunscripción? Ante la pregunta formulada por el periodista de Ojo Web sobre si la falta de cierre de paritarias y la carencia de personal era un problema exclusivo de la 10ma. circunscripción judicial, la respuesta fue tajante: el problema es provincial.
La Dra. Bossa explicó que existe una disparidad alarmante en la calidad del servicio de justicia: "Lamentablemente, hay como justicia de primera y justicia de segunda en la provincia". Mientras que en la capital cordobesa o ciertos lugares se aplican códigos procesales modernos, en el interior —y particularmente en Río Tercero— la situación es mucho más deficiente.
Un sistema colapsado El diagnóstico es crítico. El sistema no solo carece de jueces y fiscales, sino que el éxodo de empleados —debido a los sueldos bajos— ha diezmado la capacidad de respuesta. "Es impresionante la cantidad de empleados que renuncian y la cantidad de gente a la que se la convoca para ingresar al Poder Judicial y tampoco aceptan".
Desde el Colegio, confirmaron que continuarán exigiendo una solución al Poder Ejecutivo, ya que consideran que el Tribunal Superior de Justicia no tiene la llave para resolver la cuestión salarial, quedando esta en manos del Gobernador.
La falta de un juez de familia, un juez laboral y equipos técnicos multidisciplinarios (médicos forenses, psicólogos, asistentes sociales) hace que el sistema, en lugar de impartir justicia, termine sumergiendo a los ciudadanos en una burocracia interminable.
