Adriana Carballo
Esta nueva herramienta estratégica, que formaba parte de los principales anuncios de gestión del mandatario, inyectará hasta 10.000 millones de pesos durante el ejercicio 2026.
El objetivo central es claro: financiar proyectos innovadores, apuntalar empresas de base tecnológica y dinamizar el empleo de calidad en todo el territorio cordobés.
Los recursos del fondo provendrán de la afectación de hasta el 0,5% de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sumado a posibles aportes públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, y lo generado por su propia operatoria.
El dinero se destinará a inversiones, préstamos, aportes y esquemas de coinversión con el sector privado.
Para asegurar un manejo transparente y eficiente de los recursos, la ley establece una estructura de control dividida en dos órganos clave:
Comité de Inversión: El encargado de la selección técnica y el seguimiento de los proyectos beneficiados.
Consejo Asesor Ad Hoc: Un equipo integrado por especialistas del ámbito académico y empresarial (nacionales e internacionales) que aportará recomendaciones técnicas en cada convocatoria.
Con esta medida, Córdoba ratifica su histórico modelo de articulación público-privada, posicionándose una vez más como el faro de la innovación y el desarrollo científico-tecnológico en el interior del país.
En las próximas semanas, el Poder Ejecutivo definirá la autoridad de aplicación y la reglamentación final para abrir las primeras convocatorias.
