Adriana Carballo
El núcleo del proyecto busca redefinir la autoridad sobre los cuerpos de hielo. Actualmente, la normativa nacional establece estándares rígidos de protección.
La reforma propuesta pretende facultar a las provincias para que determinen, bajo sus propios criterios, qué actividades productivas —como la explotación minera o hidrocarburífera— pueden realizarse en zonas periglaciares.
Para los gobernadores de distritos mineros, como San Juan, Santa Cruz y Catamarca, la ley vigente es un "freno al desarrollo" que impide inversiones multimillonarias.
Por el contrario, los sectores críticos argumentan que delegar esta facultad a las provincias debilitará la protección de las reservas de agua dulce más importantes del país.
El oficialismo llega a esta instancia con un optimismo moderado. Tras obtener la media sanción en el Senado, el Gobierno ha tejido alianzas clave con bloques de la "oposición dialoguista" y legisladores que responden directamente a los mandatarios provinciales interesados en la reactivación de proyectos extractivos.
"Estamos devolviendo a las provincias el derecho constitucional de administrar sus recursos naturales", afirmaron fuentes del bloque oficialista minutos antes de ingresar al recinto.
Mientras dentro del recinto se cruzan los argumentos técnicos, afuera el clima es de máxima alerta. Organizaciones como Greenpeace, la Asociación de Abogados Ambientalistas y partidos de izquierda se concentran frente al Congreso.
Los manifestantes denuncian que la reforma representa un "ecocidio legislado" y advierten que la destrucción del área periglaciar afectará irremediablemente el caudal de los ríos en las zonas de llanura.
Se espera que la votación ocurra durante la madrugada, en un final que promete ser ajustado y que definirá el futuro del mapa minero y ambiental de la Argentina.
