
Marisú Bossa y su preocupación por la realidad de los jubilados y a la espera de los Tribunales Federales
Tito Dagorret

Una realidad económica asfixiante
La abogada destacó que los haberes actuales, incluso con los bonos otorgados, son "magros" y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
Detalló que una jubilación mínima ronda los $450.000 (incluyendo el bono de $70.000), pero advirtió que muchas mujeres que cobran jubilación y pensión al mismo tiempo quedan excluidas del bono, percibiendo aproximadamente $380.000 por cada beneficio.
"Tengo jubilados que eligen hacer una sola comida fuerte al día, generalmente al mediodía, y a la noche toman un mate cocido con un trozo de pan".
A esta situación se suma el incremento en el costo de vida. Durante la entrevista, se ejemplificó con el precio de la garrafa de gas de 10 kg, que pasó de $15.000 en verano a $22.000 recientemente, impactando directamente en el bolsillo de quienes ya no están en su etapa productiva.
La importancia de planificar el retiro
Ante la falta de moratorias vigentes y planes de facilidades de pago, Bosa hizo un llamado a la "educación previsional". Recomendó que las personas comiencen a diseñar su jubilación al menos 10 años antes de cumplir la edad reglamentaria (a los 50 años las mujeres y a los 55 los hombres).
Actualmente, una de las pocas alternativas para quienes no llegan a los 30 años de aportes es la compra de la Unidad de Cancelación de Deuda Previsional (UCAP), la cual tiene un costo aproximado de $37.000 por cada mes que se desee regularizar.
Planificación Previsional: El nuevo paradigma del retiro
Uno de los puntos más reveladores de la entrevista con la Dra. Marisú Bosa fue el cambio de estrategia que deben adoptar quienes planean jubilarse en el corto y mediano plazo. La abogada explicó que ya no existe la seguridad de las "moratorias de último momento" y que la clave hoy es la anticipación.
El "Reloj Previsional"
Bosa recomienda iniciar el diseño del retiro 10 años antes de la edad jubilatoria:
Mujeres: A partir de los 50 años.
Hombres: A partir de los 55 años.
Esta planificación es vital debido a la escasez de herramientas legales actuales. La opción vigente es la Compra de UCAP (Unidad de Cancelación de Deuda Previsional), que permite regularizar meses de aportes faltantes.
Cada mes tiene un costo aproximado de $37.000, lo que requiere una evaluación financiera previa para determinar si el futuro jubilado está en condiciones de afrontar esa inversión.
Actualidad del Colegio de Abogados
En su rol como presidenta del Colegio de Abogados de Río Tercero, Bosa destacó la intensa actividad académica que llevan adelante, incluyendo capacitaciones sobre reforma laboral y educación financiera para colegas.
Sin embargo, también señaló las deficiencias del sistema judicial local, subrayando la falta de magistrados (especialmente en los fueros laboral y de familia) y de equipos técnicos (psicólogos y policía científica), lo que demora la resolución de causas y afecta el ejercicio profesional.
La deuda pendiente: Tribunales Federales en Río Tercero
La situación de la Justicia Federal fue otro tema candente. Bosa detalló que, a pesar de que Río Tercero cuenta con sedes de casi todos los organismos nacionales (como PAMI, ANSES, Fábrica Militar y la Central Nuclear), la ciudad carece de un juzgado propio para dirimir los conflictos que estos generan.
Un mapa judicial a trasmano
Actualmente, los ciudadanos de la Décima Circunscripción (Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita) deben trasladarse grandes distancias para realizar trámites federales:
Competencia territorial: Las causas de Río Tercero deben tramitarse en Villa María.
Incongruencias geográficas: Habitantes de zonas como Embalse deben viajar a Río Cuarto, mientras que otros sectores dependen de Córdoba Capital.
Gestiones en marcha

Según Bosa, el proyecto ya está presentado y cuenta con el apoyo de la intendencia local, aunque reconoció que la concreción final depende de una decisión política de fondo que excede el ámbito local.
"Es una necesidad real de la ciudad. Cuando fueron las explosiones de la Fábrica Militar, los tribunales federales tendrían que haber estado en Río Tercero y, por cuestiones políticas, terminaron en Villa María".








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