
El Polo Industrial de Río Tercero: fotos oficiales para tapar la contaminación y la incertidumbre laboral
Tito Dagorret


Hablar de "desarrollo sostenible" en una mesa cerrada suena casi a una burla cuando las deudas ambientales —emisiones, residuos acumulados y el riesgo latente de la actividad petroquímica— siguen formando parte del paisaje cotidiano.
El verdadero desarrollo sostenible no se declama en gacetillas de prensa; se mide en la remediación real de los suelos, en el monitoreo transparente del aire que respiramos y en la rendición de cuentas de empresas que se han enriquecido a costa del territorio pero que rara vez devuelven a la ciudad un equilibrio ambiental.
NOTA RELACIONADA
¿De qué sustentabilidad hablan cuando el pasivo ambiental acumulado sigue siendo el secreto peor guardado de la región?
A esta crisis ecológica crónica se le suma hoy una herida social sangrante: la inestabilidad laboral. El Polo Químico, que supo ser sinónimo de progreso y ascenso social para generaciones de riotercerenses, hoy es una fuente de angustia.
Los rumores de reestructuraciones, el fantasma de los despidos y la falta de garantías explícitas sobre la continuidad del recurso humano local sobrevuelan cada pasillo fabril.
En los últimos tiempos, los trabajadores de estas firmas han enfrentado la zozobra de no saber si sus puestos de trabajo sobrevivirán a las lógicas financieras de las casas matrices o a los vaivenes políticos del Estado nacional en el caso de Fabricaciones Militares o la manbiobra comercial de la dueña de PR3 o el pasivo ambiental que deja Atanor.
Resulta alarmante que, en una jornada destinada a "coordinar acciones concretas", la voz y la tranquilidad de los trabajadores queden relegadas a un renglón secundario.
Una alianza público-privada que prioriza la optimización de recursos y la infraestructura para las empresas, pero que deja al capital humano en un limbo de incertidumbre, nace éticamente renga. No se puede construir una región "más competitiva" sobre la base del miedo al desempleo y la precarización encubierta.
Río Tercero necesita inversión, sí, pero no a cualquier precio. Los funcionarios provinciales y los empresarios nacionales y extranjeros deben entender que la licencia social para operar ya no es un cheque en blanco.
Si la agenda permanente que proponen Scotto y los gigantes corporativos no incluye compromisos financieros severos para limpiar lo que han ensuciado, y si no pone sobre la mesa un blindaje real para los puestos de trabajo locales, este encuentro no habrá sido más que otra foto de ocasión.
La comunidad ya no tolera que las ganancias se exporten mientras el pasivo ambiental y los telegramas de despido se queden en casa.








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