El presidente del cuerpo legislativo descalifica la legalidad de la ordenanza que su bloque acaba de implementar

Lo más llamativo no fue solo la aprobación, sino la postura de Alberto Martino, presidente del cuerpo legislativo y referente del oficialismo. En declaraciones realizadas al portal de noticias,  Martino no tuvo reparos en calificar a la ordenanza que él mismo habilitó como una normativa que "hay que derogarla" y que, en su estado actual, "no tiene sentido".

PALABRAS DE ALBERTO MARTINO

• Reconocimiento de una falla estructural: Martino señala que la ordenanza en cuestión, a la que cataloga como una "barrabasada", contiene errores que vienen de hace muchos años.

• Necesidad de acción legislativa: Sostiene que es imperativo derogar dicha ordenanza o, en su defecto, corregirla para que tenga un sentido lógico, ya que tal como está redactada resulta inapropiada y genera situaciones controversiales.

• Crítica al uso de la ordenanza: Admite que, debido a su redacción deficiente, la normativa actual se presta para que el Poder Ejecutivo utilice sus argumentos para aplicar eximiciones de pago de impuestos, como ocurrió en este caso particular.

• Coincidencia con la oposición: Concuerda con el concejal Nicolás Rodríguez en que la "ordenanza madre" está mal concebida y que es necesario abordar temas puntuales en lugar de mantener una normativa general que permite este tipo de discrecionalidad.

• Distinción de casos: Propone que se analicen situaciones específicas, ejemplificando que una cosa es proteger la fachada de un edificio para que no sea alterada, y otra muy distinta es utilizar eso como excusa para otorgar beneficios sobre la disposición del resto del local.

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El antagonismo político al descubierto

La postura de Martino desnuda una contradicción difícil de justificar: mientras el presidente del Concejo admite que la ordenanza vigente es una falla estructural de años y que es un instrumento que "se presta para cosas como ahora", el oficialismo no dudó en utilizarla para beneficiar a un particular.

La oposición, encabezada por los concejales Nicolás Rodríguez y Alejandro Bianconi, fue contundente en el recinto:

• Denunciaron que el uso de la normativa es "arbitrario" y carece de sustento en la realidad, ya que el inmueble eximido funciona estrictamente con fines comerciales.

• Cuestionaron que se le otorguen beneficios económicos a un privado bajo etiquetas de "patrimonio" que no se condicen con la realidad del lugar.

"Hacerla bien o derogarla"

La confesión de Martino es, para muchos, un reconocimiento explícito de la precariedad institucional. Al admitir que la ordenanza permite maniobras poco claras y que el ejecutivo municipal tiene "sus argumentos" basados en esa misma norma para justificar la eximición, Martino queda expuesto en una posición donde la política prima sobre la ética administrativa.

El presidente del cuerpo legislativo deslizó que es necesario avanzar en "temas puntuales" y no en ordenanzas generales que, al ser mal aplicadas, terminan regalando el dinero de los contribuyentes mediante exenciones injustificadas.

La pregunta que queda flotando en la ciudadanía es inevitable: si el máximo referente del Concejo sabe que la herramienta es defectuosa y se presta a la arbitrariedad, ¿por qué se permite su ejecución en lugar de haberla derogado antes de beneficiar a un privado?

Río Tercero asiste a un episodio donde el "deber ser" colisiona con el pragmatismo político, dejando a los contribuyentes frente a un espejo donde se refleja la falta de equidad en la carga impositiva municipal.